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en la sesión del 27 de diciembre y en la del 2 de
enero. El Ministerio había recomendado vivamente
al arzobispo de Génova y a los obispos de Annecy y
de Morienna que habían ido a Roma, que, si les era
posible, facilitaran las gestiones con la Santa
Sede para la cesión al Estado de los bienes
eclesiásticos. No eran sino lisonjas, porque lo
que se pretendía a toda costa era conculcar los
derechos de la Iglesia. El Santo Padre se había
mostrado dispuesto a ayudar a las finanzas del
Piamonte, y fijaba condiciones muy favorables para
esta cesión. Pero el Gobierno había enviado a
Roma, por toda respuesta, una copia del proyecto
de ley: lo que evidentemente equivalía a romper
todo trato mientras durase el presente Ministerio.
En tanto, de todas partes llegaban al Parlamento
peticiones para que rechazara la ley. Se
presentaron a las Cámaras dos mensajes del
Episcopado del reino, verdaderamente dignos por el
cargo y por la fuerza del razonamiento ((**It5.184**)) de los
personajes que los suscribían.
Los católicos, que podían tener alguna
influencia en los asuntos públicos, se iban
preparando para la lucha. De cuando en cuando, por
la noche, algunos de los personajes más
distinguidos de Turín acudían a la Residencia
Sacerdotal para conversar con don José Cafasso,
durante la cena de los residentes. Iban a él para
reafirmarse en sus convicciones, armarse de valor,
y recibir una dirección acertada para librarse de
seducciones y engaños. Don José Cafasso, siempre
en el justo medio, sabía indicar con precisión lo
que había que hacer, y recomendaba a todos la
unión, la obediencia, el respeto al Papa y la
perseverancia en el cumplimiento de los deberes
del buen cristiano. Todos eran amigos de don
Bosco; estaba entre ellos el marqués Fassati,
quien sabía todo lo que don Bosco hacía aquellos
días en favor de la buena causa, y desde luego de
acuerdo con don José Cafasso. También el conde
Clemente Solaro de la Margherita acudía
semanalmente a aquel santo director a templar su
alma para luego defender los derechos de la
Iglesia en la Cámara Piamontesa.
Entre tanto, el 9 de enero de 1855 empezaba en
la Cámara de Diputados la discusión sobre la
confiscación de los bienes eclesiásticos. De
labios liberales salieron estas peregrinas frases:
-El poder civil tiene derecho a intervenir en
la propiedad eclesiástica, cuando con ella no se
consigue su finalidad. La Iglesia no tiene derecho
a poseer. Los pobres tienen derecho sobre los
bienes de la Iglesia, y cuando la nación es pobre,
debe resarcirse con ellos. Las comunidades
religiosas no deben reconocer más personalidad
civil que la de la soberanía de la nación a que
pertenecen.
El Conde de la Margherita refutó con elocuencia
y entereza ((**It5.185**))(**Es5.141**))
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