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La Compañía de San Pablo había alcanzado frutos
prodigiosos manteniendo la unidad y la pureza de
la fe en el pueblo y librando de la miseria a
todas las generaciones. ((**It4.471**)) Pero
acababan de correr voces calumniosas contra sus
administradores, ciudadanos muy recomendables por
su honestidad y fervor religioso. Los sectarios
querían introducirse en la administración del rico
patrimonio de la Obra, que pasaba de los seis
millones. El Alcalde, pues, había otorgado al
Ayuntamiento la administración de aquel Instituto
de beneficencia, de acuerdo con una ley del 1848:
y un decreto real establecía que la nueva
dirección se compondría de veinticinco miembros
ajenos a la Compañía, nombrados por el Municipio,
más quince elegidos entre los socios del
Instituto. Era ésta una flagrante violación de la
voluntad de los testadores. Los socios de la
Compañía protestaron y rechazaron las pretensiones
del Municipio y el decreto real; pidieron después
que, al menos los consejeros a elegir, fueran
igual en número a los nombrados por el Municipio.
Pero no se admitieron razones. Y el 17 de enero de
1852 el Rector era obligado a consignar a un
Comisario regio las actas y los libros de cuentas.
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