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quiso también descargar el golpe en aquel colegio
contra el benéfico centro ordenando la expulsión
de todos los alumnos e hijos del pueblo, que allí
atendían pacíficamente a los estudios (v. Anexo E
1, E 2). Ninguna ley, ninguna autoridad superior
puede arrancar, del seno de un centro de caridad,
a tantos pobres muchachos para lanzarlos a la
calle o a la buena ventura.
5.° Una última razón muy poderosa, que bastaría
por sí misma para quitar todo valor legal a la
deliberación de cierre, propuesta por este Consejo
escolar provincial, es la siguiente:
Los consejos escolares provinciales, tal y como
hoy funcionan y como fueron constituidos por real
decreto el 22 de septiembre de 1867, carecen de
todo fundamento legal, por ir contra el art. 39 de
la vigente ley Casati, la cual excluye del Consejo
al Gobernador y a otros miembros, que al presente
forman parte de él. En efecto, el citado decreto
real terminaba con este artículo: <>. Esto
significa que el Autor mismo del decreto veía que
era contrario a la ley y que, para ser ejecutado,
se debía derogar la ((**It14.753**)) misma
ley. Ahora bien, es un hecho que aquel decreto
nunca fue convertido en ley, y, sin embargo, fue
mandado ejecutar y se ejecuta todavía. De aquí se
sigue que toda deliberación del Consejo escolar y,
por lo tanto, también la correspondiente al cierre
del centro salesiano, no tiene valor legal, al
estar dictada por una Autoridad no reconocida ante
la ley. Resumiendo ahora todo lo razonado hasta
aquí, resultan claros los puntos siguientes:
1.° Que el Oratorio de San Francisco de Sales
es un Centro de beneficencia;
2.° Que sus escuelas no son un bachilleraio
privado anejo al mismo, como dice el decreto de
cierre, sino unas escuelas destinadas a completar
la educación de los jóvenes pobres en él
albergados; y que son parte integrante de este
Oratorio. Por consiguiente, el juicio que ahora
mismo hicieron de él el Consejo escolar de Turín y
el Ministerio de Instrucción Pública no puede ser
más que erróneo, pues se funda en un falso
supuesto;
3.° Que dicho Oratorio, como obra de
beneficencia, no cae bajo la ley que gobierna los
institutos privados, y razonablemente no se pueden
pedir para sus escuelas Profesores titulados;
4.° Que éste es el concepto, en que lo tuvieron
durante más de treinta años las autoridades
escolares del Reino, por lo que nunca pensaron en
imponerle tan onerosa condición;
5.° Que el actual Delegado de Turín, al exigir
al Oratorio Salesiano profesores titulados, dio
muestra de no conocer su índole o de ignorar el
espíritu de nuestras instituciones libres y
ultrajó a los que durante más de treinta años le
precedieron en el gobierno de la instrucción
pública;
6.° Que dado y no concedido que las escuelas de
don Bosco fuesen un bachillerato privado, tal y
como lo contemplan las leyes, el decreto de cierre
no deja, por eso, de ser ilegal, porque faltan
todas las razones, que requiere la ley para el
cierre de un bachillerato privado;
7.° Que el juicio, con el que el Ministerio
ordenaba el cierre, carece de las debidas formas y
los motivos en que se apoya son completamente
falsos;
8.° Que el Consejo escolar provincial está
constituido hoy en día de forma ilegal y, por
tanto, toda deliberación suya carece de valor y es
nula.
Por lo cual, el reverendo Juan Bosco, movido
por el deber que tiene de proteger por todos los
medios consentidos por la ley a los muchachos
pobres, que le confió la Providencia, y animado
por la bondad y solicitud con que V. M. atiende al
bien del
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